Ya se nos hace
usual escuchar y leer cotidianamente la escalada social que vive nuestra
querida patria.
La más
resaltante de este último trimestre ha sido el conflicto social de Pichanaki /
Pluspetrol, que llevó a la cantada y nada inesperada renuncia del Ministro de
Energía y Minas.
Sin embargo, me
permito hacer una deliberación, teniendo como eje central de esta reflexión el
conflicto social de Pichanaki, que preciso, aún no está solucionado y continúa
en plena vigencia, pudiendo alcanzar un mayor nivel que nadie desea: violencia y
pérdida de vidas humanas, si es que no se toma y afronta con la debida responsabilidad
y sobre todo oportunidad.
Adicionalmente,
hay que tener muy presente que estamos ya entrando en un proceso político muy
intenso, en el que el País va a ser recorrido y azuzado por cuanto, oportunista,
caudillo y político uno se pueda imaginar.
Dicho esto, cabe
precisar que Pichanaki es una ciudad, no es una comunidad campesina, como
tampoco una comunidad indígena. Esta ciudad está ubicada en unos de los
enclaves cocaleros más recalcitrantes, vive en una constante ausencia de Estado
y autoridades, lo que da un marcado desorden y caos, Pichanaki viene siendo liderada
por seudos caudillos y oportunistas de momento que se mueven a sus propios
intereses económicos y ahora buscan una oportunidad política para lanzarse a la
palestra.
Esto es obvio,
pues para Pluspetrol la ciudad de Pichanaki no era una zona de desarrollo u
explotación, simplemente era su área logística, allí no se habían llevado a
cabo ni desarrollado trabajos mayores.
En sana y lógica
consecuencia, para alguien ajeno a estas lides, asume que Pluspetrol sí ha
estado llevando a cabo actividad extractivas en Pichanaki y consecuentemente sí
ha contaminado ríos y consecuentemente el medio ambiente.
Al haber quedado
Pichanaki relegada y olvidada por el Estado, pues como queda dicho se encuentra
en zona de selva, se ha visto que el Estado, al momento de acudir a tratar de
calmar la asonada de violencia, la ha mantenido como cualquier otra comunidad campesina de
costa, olvidando o desconociendo que sus problemas son diametralmente distintos
a los de la costa, sierra centro, sierra sur e inclusive el altiplano peruano,
las raíces de los problemas sociales entre unos y otros son absolutamente
distintos, así como sus costumbres, tradiciones y creencias. Si realmente se
quiere tomar con responsabilidad el conflicto en ciernes, hay que ir a la raíz
del mismo, estudiarlo, analizarlo y no quedarnos únicamente en lo que ahora,
hoy, se exhibe, pues el remedio que se aplique puede ser muy distinta a la
enfermedad que esconde y el desenlace totalmente desconocido.
Históricamente
la zona de selva ha sido marginada, olvidada, dejada de lado, el Estado no ha
ingresado ni se ha preocupado de lo que allí suceda, pues nunca la integraron a
los diversos programas de desarrollo: motivos? Podrán ser muchos pero no es el
caso analizarlos ahora.
Esta sostenida
ausencia de Estado, que se da hasta el día de hoy ha llevado a que en dicha
zona se gesten y arraiguen diversos grupos que realizan actividades y negocios contrarios
y reñidos con la ley. Por ello a estos grupos les favorece y beneficia de
manera directa que el Estado se mantenga ausente, pues de haber legalidad, control
y autoridad, se acaban sus beneficios y negocios.
Igualmente
resalto, en termino general, que el tratamiento que el Estado le ha venido
dando al conflicto social de Pichanaki ha sido muy similar al que aplica en
cualquier otra zona de nuestro País. Recién se preocupa y actúa cuando ya el
conflicto escaló a una etapa de violencia y amenazas contra el Estado, este se
hace público, está en todos los diarios y noticieros y al Estado no le queda
otra que acudir.
Esta tardía
intervención disminuye la capacidad del Estado a dialogar en igualdad de
condiciones y encontrar una solución pacífica al problema, hoy ya es un
conflicto vigente, es decir, ante la amenaza de la población el Estado recién toma
acción y reacciona, pero sin ninguna posibilidad de lograr una solución
definitiva, pues no tiene ni cuenta con las herramientas mínimas ni poder de
negociación, todas las variables están en su contra y lo único que hace es
ceder para aplacar el conflicto y pedir tiempo para estudiar las demandas, pero
el tiempo se acaba.
Efectivamente,
para nada es extraño que el reclamo de Pichanaki se centre en tres principales
ejes: agua, contaminación y consecuente daño ambiental, agenda que es común en
cualquier reclamo que formulan las distintas comunidades campesinas o nativas a
lo largo de nuestro territorio y que ya bien conocen que si arman alboroto,
toman caminos y carreteras y amenazan a la fuerza pública, el Estado si va a ceder
a sus demandas.
Adicionalmente,
quienes ahora “asesoran” en este conflicto social son conocidos caudillos de
“antiguas luchas sociales”, conocen ya como actúa y responde el Estado y
adicionalmente han tenido éxito en el conflicto que generaron y ahora replican
su conocimiento en Pichanaki.
Ahora bien, no
falta razón a lo mencionado por esta ciudad, pero también es cierto que por
años, ante la ausencia de Estado, ante la falta de leyes ambientales, falta de
fiscalización y control del Estado, es una verdad inocultable que el propio
Estado generó diversos pasivos sociales y ambientales en la selva en la
explotación de pozos petroleros, pues no existió un adecuado control ambiental, ni política de
cuidado y conservación ante la inexistencia de leyes ambientales. A ciencia
cierta hasta la fecha nadie conoce con exactitud el pasivo ambiental que el propio
Estado ocasionó cuando operaba en la zona de Selva.
Ahora el Estado
pretende esconder su responsabilidad y trasladarla a la empresa privada
sancionando con sendas multas al contratista de turno, situación similar que se da en el sector
minero, en donde empresas que operan con toda legalidad, seguridad, cuidado y
respeto al medio ambiente, son sancionadas por pasivos ambientales que ellas no
originaron y que el propio Estado las originó y ahora no quiere reconocer y
remediar.
En otras
palabras, el Estado no asume responsabilidad alguna de los daños ambientales
que se generaron en el pasado, y al no tener la voluntad de remediarlos, es ahora
la OEFA quien sanciona a las empresas privadas por lo que el propio Estado
generó antes de la legislación ambiental que hoy rige al sector extractivo y de
la que ellos son los directos responsables y los llamados a ser quienes asuman
su propia responsabilidad.
Hay pues que
tener una agenda clara una posición definida, tanto el Estado como las empresas
que operan en el sector minero como petrolero deben comunicarse, organizarse y
sobre todo coordinar entre sí.
Es común ver
como empresas que operan en una misma zona geográfica, tienen marcadas
diferencias, no conversan entre sí, no se define una intervención integral y ordenada
en la zona en que convergen, de tal manera que se vea consonancia y orden. Con
ello no pretendo decir que se debe intervenir en las decisiones y políticas
internas de cada empresa, no, pues cada quien actúa gerencialmente de manera
distinta hacia su propio manejo estratégico y económico, pero si se debería
consensuar y coordinar, y el Estado debería ser claro en ello y no mantenerse
simplemente como un observador ajeno a lo que sucede.
Lo que sí es
claro y estoy seguro que nadie discutirá, es que el Estado no tiene una
política de prevención, solo actúa
cuando ya existe el conflicto, cuando este ya se desbordó y pasó a una escalada
de violencia. No existe la prevención, el Estado no trabaja en ello, eje
fundamental y primario, la ausencia de prevención lleva a los desbordes y
violencia social.
Considero que la
única vía para evitar toda esta escalada de violencia social es que tanto el Estado,
como la empresa y sociedad en su conjunto, tengan un solo norte, una idea clara
de que es lo que se desea desarrollar y para qué.
Cabe como
reflexión final mencionar que de continuar esta incertidumbre social y la falta
de una política de prevención social clara y definida, no se podrán desarrollar
los proyectos que el Perú necesita para su crecimiento y desarrollo sostenido,
en los últimos cuatro años no se ha materializado un solo proyecto de
envergadura o bien fueron postergados hasta Dios sabe cuándo; estamos
desandando todo lo andado en los últimos años, el daño que se viene causando a la
economía del Perú por no tener estas políticas claramente definidas y que
efectivamente sean respetadas es mayúsculo, pongamos claridad y decisión para
afrontar la problemática social y buscar, en conjunto, la solución.
Jorge Adrianzén Prato
Consultor Senior
Responsabilidad Social & Relaciones Comunitarias
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